CC OO y UGT confirmaron la petición de la patronal y expusieron su rechazo tajante. El secretario de Acción Sindical de la central socialista, Antonio Ferrer, lamentó "la indiscreción" de Cavada.
"Nos habíamos comprometido a desarrollar las negociaciones en secreto, sin información a la prensa", explicó. En términos similares se expresó, la secretaria de Empleo de CC OO, Paloma López. Otras fuentes de UGT, recordaron que uno de los objetivos de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que paralizó el país, fue precisamente la retirada de la figura del aprendiz, que deseaba recuperar el entonces presidente del Gobierno, Felipe González.
Las declaraciones del dirigente de CEOE tuvieron lugar en los pasillos del Congreso de los Diputados, después de que los agentes sociales intervinieran en la comisión de Trabajo, y expusieran a los grupos políticos su opinión sobre el sistema vigente de bonificaciones para impulsar el empleo. Todos, incluidas sus señorías, coincidieron en que los mecanismos actuales "están agotados". Cavada y el portavoz de CEPYME, José Manuel Vilar Martínez, aseguraron que "la mejor bonificación" que se puede dar a los empresarios es "la reducción generalizada de cotizaciones a la Seguridad Social". "Es una manera de conseguir mayor competitividad entre las compañías españolas".
Con anterioridad, el representante de CEOE defendió de nuevo, en la comisión, la instauración de otro contrato, compatible con el juvenil, con una indemnización por despido improcedente bastante inferior a los 45 años que conlleva el indefinido ordinario, y a los 33, del de fomento del empleo. El coste de la expulsión estaría vinculado a la antigüedad del trabajador. Esta medida ha sido planteada por el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en reiteradas ocasiones, pero este martes Cavada hizo especial hincapié en la necesidad de adaptar la contratación de los menores de 30 años a las actuales circunstancias. En su opinión, se trata de una fórmula "para que los jóvenes dejen la calle", dijo.
Becas salario
Ferrer y López propusieron que parte de las bonificaciones pase directamente a los trabajadores. La portavoz de Comisiones habló de "becas salario" para que el interesado se busque la formación oportuna. Según su criterio convendría tener en cuenta los colectivos más necesitados y el tamaño de las empresas. Los dos sindicalistas abogaron por prestar atención especial a los jóvenes, a las mujeres víctimas de la violencia de género y a los parados de larga duración, grupo (este último) que no aparece en ninguna de las propuestas de la reforma laboral del Gobierno.
El gasto en bonificaciones asciende anualmente a 3.000 millones de euros. En consecuencia, el Ejecutivo advirtió de que el modelo se ha convertido en un mecanismo de rebaja de los costes de la contratación indefinida respecto a la temporal, sin que haya producido el deseado efecto de disuadir a los empresarios del uso del empleo precario como puerta de entrada al mercado laboral.