Por una usuaria anónima
Leo en vuestro foro la siguiente noticia: En lo que va de año, 44 mujeres han sido asesinadas por malos tratos. Más del 20 % de los verdugos tenían prohibido acercarse a sus víctimas. ¿Qué ha fallado?
Después de leer algunas opiniones de varias lectoras, me doy cuenta de que lo que ha fallado es lo mismo que falla en otras leyes: los recursos, la estructura institucional que es la piedra de toque para que la ley pueda cumplirse y la lentitud estructural de la justicia en España.
La Ley Integral de Violencia de Género se creó en España cuando los poderes públicos escucharon la alarma social que estaba generando este problema. Lo que hasta entonces había permanecido en el ámbito más puramente privado saltó a la arena pública, convirtiéndose en una cuestión de estado.
Desde el mismo momento de aprobación de la ley se detectó el problema que yo pienso que es la piedra de toque de la ley en su conjunto: la falta de recursos para hacerla eficaz. Porque si una mujer está siendo sometida a malos tratos sistemáticos por parte de su pareja y todo lo que consigue, tras denunciarle, es una orden de alejamiento que nadie asegura, entonces se queda en papel mojado.
Es un recurso que no tiene ninguna garantía y por lo tanto, es inútil. Esto además de no cuidar la integridad física de la víctima incide negativamente en la voluntad para denunciar a los agresores. Porque, además, los asesinatos de estas mujeres se hacen a plena luz del día, en la calle, delante de todo el mundo, con premeditación, alevosía y sin nocturnidad.
Es imposible dotar a cada mujer que denuncia a su pareja por violencia de género de un policía que la siga y la proteja todo el día. Además de que es un recurso de imposible cumplimiento, tampoco sería una solución para la víctima.
El verdugo está en la calle y la víctima viviendo con el miedo como compañero, esperando el momento en que su maltratador puede aparecer y acabar con su vida.
Quizá la solución pasase por ciertas medidas cautelares que alejasen de verdad al maltratador de su víctima, pero eso supondría encarcelarlo y llevarnos por delante el Habeas Corpus: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Entonces, ¿que hacemos? ¿Se tiene que modificar la ley? ¿Las órdenes de alejamiento no pueden gestionarse de otro modo? ¿Qué ocurre con las consecuencias laterales de esta ineficacia?
Por un lado se insta a las mujeres maltratadas a denunciar y, por otro lado, sienten que no tienen ninguna protección y que esa denuncia espolea al maltratador para que acabe con ellas de una vez.
Sé que si no se aportan soluciones se forma parte del problema, pero quizá habría que recomenzar y reestructurar esta ley fomentando la colaboración de los tres ministerios involucrados: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Igualdad. Que los titulares de las tres carteras se reúnan y analicen con seriedad la repercusión de este problema, que insisto, es un problema de estado y que piensen que su trabajo no termina en la confección de una ley, sino en dotar a esta de la infraestructura suficiente no sólo para garantizar su cumplimiento sino para asumir las consecuencias de dicho cumplimiento.
Las mujeres maltratadas que denuncian son personas con nombres y apellidos, con trabajos, con familias, con hijos, con una vida que de repente se convierte en un infierno lleno de anillos, como el de Dante.
Quizá la Administración Pública debería de comportarse como el poeta Virgilio y acompañar en ese infierno a las víctimas para sacarlas cuanto antes de él y ofrecerles una vida digna después de semejante experiencia.
La Constitución Española garantiza el derecho a la vida, pero hay que terminar la frase: GARANTIZA UNA VIDA DIGNA. Y eso es lo que muchas mujeres pierden con las órdenes de alejamiento ineficaces: la dignidad de una persona maltratada que como víctima se ha de esconder y proteger mientras su verdugo campa por sus fueros esperando el momento para terminar con su vida.