Berlín, 29 jul (EFE).- La ministra alemana de Sanidad, Ulla Schmidt, compareció hoy en Berlín bajo fuertes críticas por usar su coche oficial durante sus vacaciones en España, y defendió su "manejo ahorrativo del dinero de los impuestos".
Apenas una hora antes, el candidato socialdemócrata a la Cancillería, Frank-Walter Steinmeier, anunció que la ministra no formará "de momento" parte de su equipo electoral para las próximas elecciones del 27 de septiembre.
El vicecanciller y ministro de Exteriores, dejó, no obstante, las puerta abiertas a que Schmidt -una de las ministras más veteranas, pues ya ocupó la cartera de Sanidad durante el anterior gobierno- se incorpore más adelante al equipo.
"En vista de que hay una serie de acusaciones y reproches respecto al uso del coche oficial hemos acordado que no formará parte del equipo mientras no se aclare la situación", dijo Steinmeier.
La ministra, cuyo vehículo oficial fue robado en Denia (Alicante-España) y entre tanto ha reaparecido en la ciudad española de Valencia, afirmó que "en una entrevista personal" con Steinmeier, ella misma se ofreció a no formar parte del equipo "hasta que se aclaren las dudas".
"Para mí es importante que Frank-Walter sea canciller y no perjudicar a la campaña (electoral)", sostuvo.
Schmidt, que ha enviado el material correspondiente al viaje al Tribunal federal de Cuentas, expresó su confianza en que "se confirmará" su versión de los hechos.
Según la ministra socialdemócrata, el uso del automóvil oficial en vacaciones se hizo en todo momento conforme a lo que establece el reglamento sobre el uso de coches oficiales.
De acuerdo con esas normas, todos los ministerios tienen derecho a usar un coche oficial, dentro o fuera del país, e incluso para fines privados, siempre y cuando costee éstos últimos de su bolsillo.
Desde el Ministerio, han insistido repetidamente en que el vehículo se empleó para trasladar a la ministra a varios actos oficiales en España.
Aunque su comportamiento es legal, Schmidt se ha visto enfrentada a la acusación de haber derrochado dinero público, por trasladar un coche más de 2.400 kilómetros y por los costes que se derivan de ese transporte, como la manutención y alojamiento del chófer.
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