Leticia Gil de Biedma
Como una bofetada en pleno rostro, entre el estupor y el dolor, el mundo se despertó un día y comprobó que hay padres que sienten miedo de sus hijos, que viven aterrados e impotentes ante unos niños que han criado y que, de la noche a la mañana, se revuelven contra ellos. La adolescencia ya no es una etapa difícil o problemática, sino un periodo de violencia, autodestrucción y pérdida. Cientos de padres desesperados piden auxilio a las instituciones para que les ayuden a reeducar a sus hijos, como si fueran electrodomésticos a los que hay que llevar a reparar y de los que han perdido el libro de instrucciones.
“Quédense con mi hija, por favor. Yo ya no puedo más”. Ésta fue la petición que hizo Mónica López, madre de una adolescente de 13 años, a los servicios sociales asturianos a finales del pasado mes de abril. Lanzó su desesperación a los medios de comunicación. Su hija tenía, desde hacía años, un comportamiento violento dentro y fuera de la familia: se fugaba con su novio, robaba y vivía en el más absoluto descontrol. Mónica pedía que la comunidad autónoma asumiera la reeducación de la niña. Y consiguió su deseo: la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, tras estudiar el caso, decidió hacerse cargo de la tutela de la menor, que ha ingresado ya en un centro de acogida.
El año pasado, 600 padres denunciaron a sus hijos y 150 fueron internados en entidades de acogida. La violencia de los menores no es algo nuevo. Sí lo es que el recurso a la violencia haya dejado de ser exclusivamente masculino. Las jóvenes comienzan a presentar comportamientos agresivos y a protagonizar delitos violentos. Los centros de reforma juvenil se van llenando de chicas denunciadas por maltrato familiar, lesiones y agresiones, y en las fiscalías de menores se asiste a un incremento de delitos protagonizados por niñas.
En los colegios, las estudiantes no tienen el menor reparo en recurrir a la violencia física para dirimir sus diferencias. Ellas también protagonizan el acoso escolar. Cada vez es más frecuente ver en las noticias cómo un grupo de niñas propina una paliza a una compañera, mientras otras lo graban con su móvil para colgarlo en internet. Ésta es una forma de actuar impensable en el antiguo ambiente femenino. Parece como si la violencia fuera la última conquista de la mujer en su afán por igualarse al hombre.
Los formatos de expresión de los sentimientos, buenos y malos, están rompiendo los estereotipos de género. Renate Dorrestein, una escritora holandesa, alarmada por la creciente violencia en las aulas, publicó la novela “La oscuridad que nos separa”, un relato que arranca desde el punto de vista de los verdugos, unas crías crueles sin asomo de culpa, habitantes infantiles de una urbanización supuestamente idílica. “A los niños no les da vergüenza mostrar la parte oscura de la humanidad, lo hacen sin mediar tabú alguno”, afirma la escritora, que ha logrado un gran éxito con su libro. En él se destaca cómo la violencia ha dejado de ser un elemento que acompañaba a la marginalidad. Ahora son familias de estatus medio las que padecen este fenómeno.
Francisca Guerrero, directora del centro de reforma femenino Bahía de Cádiz, reconoce este aumento de delitos violentos entre las internas. “Hace años era inaudito que una chica cometiese un robo con violencia y hoy existe un 20% de expedientes por esta causa. Siguen siendo infrecuentes los ingresos por crímenes, eso sí, aunque eso no evita que haya algunos que resultan espeluznantes, como el de una joven de 14 años que mató a su padre tras rociarlo con gasolina y prenderle fuego porque no la dejaba salir”. En el centro de la polémica está un trágico dilema, en el que las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo.
Para que una institución asuma la tutela de un niño, éste tiene que estar en situación de desamparo, como exige la ley. Esto implica retirar a los padres la patria potestad. También existe otra posibilidad, la guarda. Es una figura pensada para dar apoyo temporal a menores que no pueden ser bien atendidos por sus padres en circunstancias graves. Separar al menor problemático de su familia es una solución que no todas las comunidades consideran apropiada. Mientras que Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid llevan a estos niños, como último recurso, a centros de acogida, los responsables de los servicios sociales del resto de las autonomías prefieren que en ningún caso se les separe de sus padres y consideran que, si tienen una familia estable que les quiere, no se encuentran en situación de desamparo.
Pero, ¿que un hijo esté fuera fuera de control implica que los padres no tienen capacidad para cuidarlo, que está desamparado? ¿Apartar al menor es necesario para protegerlo adecuadamente o, por el contrario, es malo para él? ¿No es ésta una forma de hacer que se sienta expulsado de su propia familia, algo que, para algunos especialistas sería contraproducente a largo plazo? El defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, es partidario del ingreso en un centro de acogida: “Cuando los chavales viven una situación de riesgo, cuando se encuentran desprotegidos, cuando han comenzado con fugas del hogar, conductas agresivas, delitos, maltrato a los padres, cuando se hallan inmersos en una espiral de rebeldía, el Estado debe protegerles. Su futuro e incluso su vida están en juego. Es mejor sacarles de ese entorno dañino y normalizarles la vida en un centro donde asuman una disciplina”.
PADRES AL LÍMITE
Pero llegar a esta situación extrema significa que ha fallado el sistema de medidas de detección precoz habilitadas en el colegio y en los servicios sociales. Arturo Canalda insiste en la necesidad de prevenir, de que los padres pidan ayuda –terapia psicológica, escuelas de padres, mediación intergeneracional– en cuanto comiencen los problemas. “Hay sistemas que detectan que el niño o niña no va por buen camino, que pueden existir problemas de convivencia en la familia. No hay que olvidar que los chicos son lo que viven y que entornos relativamente complicados se reflejan en los chavales. Se puede comprobar si hay una patología médica o un trastorno que se derivan de una situación que el menor haya vivido a lo largo de los años.
El proceso educativo necesita la implicación de todos, la comunidad no puede decir no a la petición de ayuda”. Sin embargo, el defensor del menor no está de acuerdo con la tendencia actual a propagar estos casos en los medios de comunicación. “Es un asunto muy delicado –dice– y daña el derecho a la intimidad del niño”. Uno de los aspectos que más le preocupan son ciertas fisuras que se encuentran presentes en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, una normativa muy controvertida que fue reformada y endurecida el pasado 3 de febrero de 2007. “Los chicos de menos de 14 años son inimputables –asegura Arturo Canalda–. Es el Código Civil el que regula los delitos en esta franja de edad y sus medidas judiciales son de carácter voluntario. Es decir, si un chaval roba una cartera y se le condena a un centro, puede irse cuando quiera porque es inimputable desde el punto de vista penal. Habría que reformar el Código Civil para que estas medidas sean obligatorias y puedan servir como un medio de rehabilitación”.